Sola en la clínica prestada

Conchita arrastra 83 años, vive sola y no tiene hijos. El 8 de junio, hace ocho meses, se cayó en la casa donde vivía. Se dio un golpe en la cabeza, de esos que se curan en dos días si fuese más joven. En el hospital la remendaron, y al día siguiente el Servicio Canario de Salud la derivó para recuperarse a una clínica concertada, donde su cama cotiza como mínimo a 50 euros diarios. 1.500 euros al mes. Así que el contador hasta ahora ya ronda los 12.000 euros.

Las dos sobrinas que se encargan de ella ya habían tramitado desde un año antes la ayuda a la Dependencia, pero sólo le reconocieron el primer grado, que no da derecho de acogida en un centro adecuado. A principios de septiembre, el informe médico era claro: “No presenta criterios de ingreso hospitalario. Problema social”, pero Conchita no ve bien, camina malamente, y percibe que el mundo la está abandonando antes de que ella se despida de la tierra. En estos meses, con las visitas prohibidas porque no es candidata a nada, ha reunido todos los males de la edad. Para actualizar su ficha hay que volver a iniciar la cola; otros tres años. Sola en la habitación de una clínica prestada, cuando llega la noche se desorienta, suele caerse de la cama, y como tiene miedo a caerse, ya no se levanta ni para ir al baño. Una decadencia galopante.

Ahora, sin casa y sin valerse por sí misma, tampoco puede irse a una residencia. La agilidad de las administraciones funciona así. Le han llegado a decir que como está en una clínica privada, aunque la haya encerrado allí el servicio público, no tiene derecho a ser valorada para acceder a una plaza en esos centros donde podría estar mejor atendida; ahorramos por vergüenza la foto del puré que le dan a diario como único sustento. Y por supuesto, no hay funcionario o funcionaria que quiera o sepa desenredar el laberinto. Los evaluadores no pisan las clínicas privadas, aunque sea una paciente de la sanidad pública. El concierto es así; la pelota rebota siempre en la pared. La pandemia sólo añade excusas para dejarla tirada en la última estación.

Claro que no es el único caso, tal vez no sea siquiera el más grave. Exponer el caso tampoco sirve de mucho; no se le dará preferencia sólo por las majaderías del periodista de turno. Desde marzo a noviembre pasado, sólo en Canarias murieron 4.583 personas esperando por el reconocimiento de la Dependencia, aunque otros 2.011 muertos en ese mismo plazo se fueron con el diploma ya firmado. Son más invisibles que los muertos del coronavirus; los viejos a esas edades ya no sirven ni de cebo electoral. Por eso resulta especialmente conmovedor que el Gobierno canario, en su maléfica ingenuidad, se felicite de lo bien que gestiona los expedientes acumulados. Una dicha que tal vez no alcance a Conchita, abandonada como está en el callejón sin salida de la burocracia.