Canarias, la deriva de los migrantes

 

De Fuerteventura a Berbería se va y se viene en un día. Así ha sido desde tiempos inmemoriales, y los últimos aportes científicos dan por seguro que el primer poblamiento estable de las Islas Canarias se produjo hace unos 2.000 años, con el simple método de cargar en algún punto de las costas del África Occidental personas, animales y enseres en materiales flotantes, y navegar rumbo a las islas de aquel horizonte. ¿Qué ha ocurrido para que, en los últimos 30 años, esa ruta se convierta en uno de los puntos calientes del planeta, donde mueren en torno a 6.000 personas al año al intentar cruzar el mar? Responder a este interrogante exige un repaso a los procesos de expropiación económica, cultural y política vividos en el continente africano que no cabe en este pequeño espacio, pero que debe quedar anotado porque todos los acontecimientos que estos días se acumulan en torno al fenómeno de las migraciones en este lugar del mundo tienen su origen en esa historia reciente, y no van a tener una solución definitiva sin nuevas dinámicas, que al mundo occidental no parecen interesarle en estos momentos.

ASUNTO MARGINAL. El encargo de este artículo surge de las reiteradas advertencias que desde el mes de junio de 2024 viene realizando el Gobierno de Canarias, ante la previsión de que en el segundo semestre del año puedan lanzarse a esa ruta en dirección a las Islas unas 70.000 personas, según los informes que maneja la Comisión Europea. El equivalente a la población de la isla de La Palma. Y la agenda política viene marcada por la ausencia de los recursos para atender ese volumen de población, porque el Estado español, con sus gobiernos de distinto signo político, en las últimas décadas se ha limitado a considerar este fenómeno como un asunto marginal. Le bastaba con derivar migrantes a cuarteles en desuso, edificios en ruinas y espacios abandonados, y si en algún momento crecía la demanda, simplemente se les dejaba en los muelles durante semanas, como ocurrió en el verano de 2020 en el muelle de Arguineguín. Apenas dos años antes, el entonces recién estrenado gobierno de Pedro Sánchez se dio un baño de multitudes facilitando la llegada al puerto de Valencia de tres barcos encabezados por el Aquarius, que llevaban semanas con más de 600 migrantes a bordo rescatados en aguas del Mediterráneo. El gesto llevó a muchos a la confusión de que las dinámicas de acogida iban a mejorar el trato a las víctimas que se lanzaban al mar, pero el espejismo se difuminó en ese breve periodo de tiempo. La infamia de Arguineguín fue la alternativa del mismo Gobierno progresista.

PAGAR POR NO ACOGER. A estos precedentes se añade el llamado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado a toda prisa poco antes de las elecciones europeas de junio de 2024, que entre otras novedades permite a los Estados miembros de la UE pagar un cantidad económica para no acoger migrantes. El acuerdo incluye un periodo transitorio de dos años para concretar estas y otras ocurrencias, como las que imponen criterios aún más restrictivos que los anteriores para poder acogerse al derecho de asilo. Este nuevo marco convierte a Canarias en un experimento destinado a convalidar esa respuesta diseñada en Bruselas, que convierte los territorios fronterizos del sur en barreras de contención del fenómeno migratorio. Y deja a Canarias al albur de los acontecimientos, sin recursos propios y pendiente de la agilidad del Estado español -que hasta ahora ha brillado por su negligencia- en acondicionar espacios y respuestas suficientes que den acogida a quienes alcanzan las costas de las islas en esas barquillas. Dicho de otro modo, con o sin recursos, Canarias va a convertirse en los próximos años en la sala de espera de quienes traten de entrar en Europa sin cita previa. Y en el cementerio de los que no consiguen llegar.

FANGO CON LOS MENORES. La evolución del propio fenómeno migratorio, dominado por mafias protegidas cuando no incentivadas por dirigentes de los estados emisores (Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, en la gran mayoría de los casos), ha derivado en el crecimiento exponencial de la llegada de menores en cayucos y pateras, en su gran mayoría viajando en solitario o sufriendo en el mar la muerte de sus familiares acompañantes. La atención a estos menores ha protagonizado la batalla política más intensa de este verano en España, marcada por la negativa de la mayoría comunidades autónomas peninsulares a hacerse cargo de la protección de los menores llegados a Canarias.  Para responder a este desafío ya ha fracasado el intento de reformar la Ley de Extranjería, convertida en una batalla más del fango político mientras se desprecia la urgencia de las necesidades de las víctimas. Con las cifras acumuladas a finales de julio, son más de 6.000 los niños y niñas migrantes que están atendidos por colectivos a los que el Gobierno canario financia por su cuidado y custodia, desbordando por completo no sólo la capacidad de acogida, sino la posibilidad de garantizar los derechos más básicos de los menores. Se han perdido meses en una disputa cerril entre el PP, gobernante en la mayoría de las comunidades autónomas, y el PSOE, que gestiona la Administración del Estado, porque se exigen al Estado garantías de que la atención de estos menores desplazados se haga a coste cero para las arcas autonómicas, y a cualquier solución que se formula siempre aparece una dificultad que la bloquea.

El rifirrafe político evidencia lo ajeno que resulta este drama a quienes no lo viven de cerca, con alcaldes y partidos reclamando que no se le envíen migrantes a sus pueblos mientras dure el verano para evitar daños a la industria turística local, como en Tossa de Mar (Girona), por poner solo un ejemplo grotesco que tiene numerosas réplicas en buena parte de la España peninsular. Esa discusión política desvela también que el actual vinculo de Canarias con el Estado es incapaz de responder a los desafíos que el futuro plantea. Porque la única conclusión certera que se puede extraer de este fenómeno migratorio es que no va a dejar de crecer en las próximas décadas. Y así, con estos mimbres, se fabrica el futuro del Archipiélago. O se condena.

(Texto escrito en septiembre de 2024, para la revista del Voluntariado de Adsis Canarias. 

A la memoria de Cristóbal Romero Bordón)