Guaguas sí, autobuses no

Desde hace unos cuantos meses, un amplio y variopinto grupo de personas promueve la Plataforma Ciudadana por el Transporte Público de Gran Canaria. La única pretensión de este colectivo se resume en procurar un sistema público y sostenible de movilidad en esta isla, a la vista de que el actual servicio prestado por la compañía Global prescribe el próximo 31 de diciembre de 2027. El origen de esta iniciativa se puede ubicar en distintas fechas, pero nace de una sola preocupación; la ausencia de un pronunciamiento claro y resolutivo por parte del Cabildo de Gran Canaria (institución que tiene asignadas y reconocidas las competencias plenas para ordenar y gestionar, entre otros, este sistema de transporte), que aun hoy, cuando apenas faltan 13 meses para el final de la concesión, no ha adoptado una sola resolución política (ni plenaria, ni de cualquier otra instancia institucional) que defina el futuro de esta necesidad social. Conviene recordar que se trata de un sistema de transporte que mueve alrededor de 50 millones de viajeros al año y da empleo a más de 1.000 trabajadores bajo la formula de una sociedad anónima laboral (Global), que la convierte en una marca de referencia en la economía social.

Con la presentación a principios de octubre de este año de la referida plataforma, la incertidumbre  que hasta entonces crecía en el entorno cerrado de los profesionales del sector ha pasado a ser un asunto de dominio público, y con ello, han empezado a moverse piezas que hasta esa fecha parecían bloqueadas o estancadas, sin mayores urgencias a pesar del imparable  acortamiento de los plazos para canalizar un plan de futuro.

La ausencia de ese plan no indica carencia de alternativas, porque la legislación vigente permite en primera instancia una prórroga de un año (hasta finales de 2028), y porque si no se adopta alguna iniciativa política distinta, el proceso final está abocado a un concurso público que en la práctica otorgue la concesión al mejor postor, en un mercado dominado por grandes multinacionales que ya han dejado claro su interés por asumir ese caramelo si se les presenta la ocasión. Sin ir más lejos, la empresa asturiana Alsa, filial del grupo británico Mobico, ya es la primera empresa del sector en Canarias por volumen de vehículos y trabajadores, con más de 800 guaguas en Canarias (global dispone de unos 400 vehículos) y más de 7.000 en toda España. El valor actual de Mobico, según la Bolsa de Londres a principios de noviembre de 2026, es de unos 320 millones de euros, y el grupo español acaba de lanzar una opa para hacerse con el control de su matriz. Es decir, un gigante que extiende sus tentáculos por España, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canada, Marruecos, Portugal, Francia o Arabia Saudí, entre otros mercados, ya ha expresado su interés por un mercado como el de Gran Canaria, que crece a un ritmo superior a la media nacional, y se disparará en 2030 con la celebración de algunos partidos del Mundial de fútbol de ese año en la isla. Sin menoscabo de los riesgos de incumplir las leyes anti monopolio que una opción como esta acarrearía. 

En ese escenario, la pasividad manifiesta del Cabildo de Gran Canaria por renovar el modelo de gestión del transporte colectivo de viajeros viene precedida de muy serios interrogantes. El primero de ellos, que no exista aun una decisión institucional debatida y resolutiva para ordenar la gestión técnica de la transición del modelo actual al de las próximas décadas. En marzo de 2026, el consejero de Transportes del Cabildo, Teodoro Sosa, reconoció en una comisión de esa institución que para entonces “no ha habido ningún avance” en la estrategia ante el vencimiento de la concesión, al responder a una pregunta del Grupo Popular. Una ausencia de planes que contrasta con otras prioridades marcadas en esa institución, como las destinadas a la reforma del Estadio de la isla para albergar los ya referidos partidos del Mundial de fútbol de 2030, por citar sólo un precedente clamoroso. Dos años antes, en el más largo de los supuestos, deberá estar resuelto el futuro del transporte interurbano de viajeros, y aun se desconocen los más mínimos detalles de este proceso.

Con el debate ciudadano abierto desde octubre, se han sucedido diversos compromisos verbales que pregonan la creación de una empresa pública como alternativa de futuro. Han sido frases sueltas, aportaciones destinadas por igual a serenar y a corregir desde el poder las reclamaciones ciudadanas. Así, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, reprochó en tono paternalista a la Plataforma Ciudadana que la iniciativa de abrir el debate social podría haber llegado antes, en unas declaraciones recogidas, entre otros medios, por Canarias7 el día después de la presentación de este colectivo, sin explicar a qué se debe el retraso en la toma de decisiones politicas. 

Se han sucedido otras expresiones públicas, del propio Morales y de otros dirigentes del pacto progresista del Cabildo de Gran Canaria, que señalan la intención de asegurar los puestos de trabajo y de hacer cumplir las normas del contrato a la empresa que se haga cargo del servicio en el futuro, sea cual sea el modelo de gestión que se aplique. Dos obviedades que no necesitan aplauso, porque los empleos tendrán que subrogarse como ocurre en toda prestación de servicios (¿se imaginan el escándalo que sucedería si un gobierno “progresista” dejase tirados a más de mil trabajadores?) y porque las normas de gestión no serían las mismas si se trata de una empresa pública, o se asigna al sector privado. En este caso, el contratista tendrá que atender expresamente y sin posibilidad de alteración las líneas que figuren en el programa, por lo que no caben modificaciones que añadan servicios en las décadas que dure el contrato. Esta es una de las espinas de este laberinto; la privatización implicaría un cambio sustancial en la flexibilidad que actualmente aporta Global, lo que afectará directamente a la calidad del servicio al ciudadano. Y supondría además la pérdida de identidad que implica un servicio atendido por una estructura empresarial nacida, crecida y destinada a fortalecer la conciencia colectiva y solidaria de los grancanarios. El propio Morales no dudó en su momento (2018) en reconocer “con orgullo el papel fundamental de Global SU en el desarrollo del transporte como elemento cohesionador de la sociedad grancanaria, de la unión de sus habitantes y visitantes”, un valor que cualquier alternativa de futuro deberá preservar.

Ya al abrigo de la precampaña electoral de las elecciones del próximo 29 de noviembre, el candidato de Coalición Canaria por Las Palmas y consejero insular de Transportes, Teodoro Sosa, en el mitin de presentación de su candidatura, (no en otro foro institucional, sino bajo el formato de una promesa electoral), en una declaración de apenas 22 segundos expresó: “Sé que hay trabajadores de Global por aquí, les voy a mandar un mensaje: el esfuerzo que han hecho los hombres y mujeres de Global hay que reconocerlo públicamente. No puede ser que sea privado el servicio de guaguas, aquí está un compromiso público, público”. Un mensaje que invoca palabras mágicas, pero no despejan el camino que debe recorrer el departamento que él mismo dirige.

En esas y otras manifestaciones, tanto Morales como otros dirigentes del pacto de gobierno -fraccionado tras la traumática ruptura de la alianza entre NC y el sector de Sosa vinculado a CC-  han expuesto la existencia de supuestos informes técnicos que avalarían la creación de una empresa pública de transportes en la isla, (ya existen fórmulas  similares en Tenerife o en la misma capital grancanaria), pero hasta la fecha no ha trascendido el contenido de esos trabajos y tampoco se ha transparentado iniciativa politica alguna para asegurar la alternativa de futuro. El escenario es muy estrecho, porque las elecciones de mayo 2027 pueden variar significativamente la correlación de fuerzas en esa institución, y todo lo que que no quede resuelto antes de esa fecha puede convertirse en agua del borrajas, o llegar tarde al plazo que concede sólo un año para adoptar todas las decisiones necesarias. 

Es fácil de entender que las tímidas palabras de estos dirigentes del pacto progresista y canarista que aun gobierna el Cabildo abren una puerta de esperanza frente a la incertidumbre en la que se mueven actualmente los usuarios, los trabajadores y los gestores de la empresas Global, arrinconados estos por las carencias financieras que crecen a medida que se acerca el final de 2027. Y es una cuestiön que se debe aclarar para tranquilizar también al conjunto de la sociedad grancanaria, ya de por sí sometida a los avatares de otras muchas y graves carencias. Entre ellas, el temor a la privatización de un servicio público esencial para la vida de miles de trabajadores que necesitan las guaguas para ir a trabajar y volver a sus casas cada día. Se trata, en cualquier caso, de afianzar en Gran Canaria un sistema que refuerce el transporte de viajeros como seña de identidad colectiva. Un valor que respete el esfuerzo histórico de esta sociedad, capaz de responder con sus propios recursos a los desafíos de los tiempos y de mantener unidas a sus gentes y a sus pueblos.  Se trata, en fin, de garantizar sin más demoras que la movilidad de la isla se haga en un servicio público de guaguas, no en autobuses.